VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE EXPLORACIÓN DE MENORES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE FAMILIA

Frecuentemente, en los supuestos de ruptura de parejas con hijos menores se nos cuestiona sobre la importancia que tiene la opinión o postura de dichos menores con relación a las medidas que hayan de adoptarse en sede judicial con respecto a los mismos. O, si se quiere exponer de una manera más precisa, hasta que punto la voluntad de los menores debe tenerse en cuenta a la hora de decidir sobre su guarda y custodia, y, en su caso, el establecimiento del concreto régimen de estancias y comunicaciones que deban mantener con el progenitor no custodio.

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¿CUÁNTO VOY A TARDAR EN OBTENER UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL?

Esta es una de las primeras y más repetidas preguntas que nos hacen los clientes al iniciarse la relación profesional. Quizá la más frecuente, junto con las referidas al importe de nuestros honorarios profesionales y a las posibilidades de éxito de su pretensión; resumiendo, de este modo, las tres claves de todo procedimiento o trámite judicial realizado en interés del cliente: éxito, duración y coste.

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EFECTOS RETROACTIVOS DE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA DISMINUCIÓN O EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE ALIMENTOS

Analizando el momento en que despliega sus efectos jurídicos la resolución dictada en el procedimiento contencioso de modificación de medidas que acuerda la disminución o incluso la extinción de la pensión de alimentos establecida previamente a cargo de uno de los progenitores nos encontramos, en primer lugar, con la doctrina jurisprudencial que, de manera categórica, se resume en la Sentencia del Tribunal Supremo 20 de julio de 2017:

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SOBRE LA ATRIBUCIÓN DEL USO Y DISFRUTE DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN LOS SUPUESTOS DE GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA

La instauración de un régimen de guarda y custodia compartida con alternancia de los hijos menores en los respectivos domicilios de sus progenitores conlleva, en puridad, la extinción del concepto jurídico de “vivienda familiar”, a pesar de lo cual esta situación no ha sido todavía resuelta por legislador mediante la correspondiente reforma del artículo 96 del Código Civil.

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