Esta es una de las primeras y más repetidas preguntas que nos hacen los clientes al iniciarse la relación profesional. Quizá la más frecuente, junto con las referidas al importe de nuestros honorarios profesionales y a las posibilidades de éxito de su pretensión; resumiendo, de este modo, las tres claves de todo procedimiento o trámite judicial realizado en interés del cliente: éxito, duración y coste.

Durante los últimos años, el régimen de guarda y custodia compartida de los hijos menores de edad en los supuestos de divorcio de sus progenitores ha experimentado un imparable crecimiento, dejando hace tiempo de ser una opción minoritaria en los procedimientos de familia.

Analizando el momento en que despliega sus efectos jurídicos la resolución dictada en el procedimiento contencioso de modificación de medidas que acuerda la disminución o incluso la extinción de la pensión de alimentos establecida previamente a cargo de uno de los progenitores nos encontramos, en primer lugar, con la doctrina jurisprudencial que, de manera categórica, se resume en la Sentencia del Tribunal Supremo 20 de julio de 2017:

La instauración de un régimen de guarda y custodia compartida con alternancia de los hijos menores en los respectivos domicilios de sus progenitores conlleva, en puridad, la extinción del concepto jurídico de “vivienda familiar”, a pesar de lo cual esta situación no ha sido todavía resuelta por legislador mediante la correspondiente reforma del artículo 96 del Código Civil.